CAIDAS DE TEJAS

” La LOCE actual se remonta a un espacio político sin deliberación ni representatividad y por tanto, en rigor, es pertinente tener una nueva Ley General de Educación que refuerce la legitimidad del marco institucional. Al mismo tiempo, hoy día los distintos actores involucrados en el sistema escolar no tienen incentivos para hacer las cosas bien pues una serie de fallas de mercado, que no se han enfrentado, configuran un sistema educativo que no tiene suficiente presión por mejorar la calidad e impiden que exista un acceso equitativo a una educación de calidad.
En términos generales los marcos institucionales debieran responder a dos objetivos básicos: legitimidad y eficiencia. La legitimidad se logra cuando el marco institucional refleja consensos y compromisos logrados tras procesos deliberativos en donde han dialogado las distintas visiones predominantes en una sociedad. La eficiencia requiere establecer incentivos para que los diferentes actores tomen decisiones coherentes con el interés social y hagan un uso adecuado de los recursos escasos.
Actualmente no se explicitan los derechos y deberes de los actores que participan en el sistema educacional ni existe garantía de que sus acciones sean coherentes con el interés social. En estas condiciones hay colegios que cumplen con que los niños en 4º básico comprendan lo que leen y otros no, y el Estado no puede hacer nada respecto de estos últimos. Para modificar esta situación nuestro país requiere un marco institucional que defina los objetivos sociales y los transforme en estándares mensurables y verificables y establezca los mecanismos para su exigibilidad. Esto permitirá transitar desde un Estado que es un mero observador hacia un Estado que garantiza el acceso a una educación de calidad para todos los niños y jóvenes, lo que es consistente con las convenciones internacionales sobre derechos de las personas a las que el país ha adherido.
Adicionalmente, necesitamos generar un amplio consenso social para, en primer lugar, poner a la escuela en el centro de nuestras preocupaciones, motivar a sostenedores, directores y profesores de aula y comprometerlos con la calidad de los aprendizajes, responsabilizándolos por sus resultados y otorgando autonomía en su gestión a quienes acrediten estándares de calidad. En segundo lugar, asegurar un financiamiento adecuado, diferenciando el monto de la subvención en función de las características socioeconómicas de los estudiantes, de forma de compensar las desigualdades de origen. En tercer lugar, fortalecer la entrega de información acerca de los resultados educativos hacia los padres y hacia toda la comunidad, facilitando las condiciones para que los padres y apoderados se constituyan en un actor relevante en la educación de sus hijos.
Desgraciadamente en los últimos días el centro de la atención se ha dirigido a temas que no están directamente relacionados con el acceso a una educación de calidad.
Sin dudas, no es legítimo que se discrimine negativamente a un niño por su origen socioeconómico, su aspecto o su etnia, y por lo tanto esta exclusión debe estar estrictamente prohibida. No obstante, un tema debatible es si se debe permitir la discriminación positiva que favorezca a los sectores más postergados socialmente. Por otra parte, el consenso social parece aceptar la selección por mérito en una cancha pareja (emparejada por la subvención preferencial), en este sentido es muy discutible prohibir la selección en los liceos, ya que la selección por mérito es y ha sido históricamente un importante vehículo de movilidad social. Más aún, la selección no discriminatoria en razón del desempeño académico puede apoyar la experiencia educativa, dado que el aprendizaje depende en gran medida de la disposición al esfuerzo, la capacidad para competir y de los talentos específicos de cada estudiante. Por esto, la prohibición de seleccionar debiera estar limitada sólo hasta sexto año básico.
El fin del lucro es el otro tema donde se ha concentrado el debate. La pregunta es si la obtención de lucro está o no relacionada con calidad educativa. Nuestra opinión es que es más importante el marco regulatorio a que están sometidas las instituciones educacionales que su carácter jurídico. Si existe un sistema adecuado de aseguramiento de la calidad y si la calidad de la educación es exigible no es relevante si se trata de instituciones privadas con o sin fines de lucro. Al prohibir el lucro se les dice a los empresarios que se aparten de la educación o que disfracen sus utilidades, como ocurre con algunas universidades privadas. Es preferible que quien tenga fin de lucro lo pueda declarar y sea sometido a controles que permitan asegurar el cumplimiento de las leyes y alcanzar resultados de calidad educativa. Lo que realmente importa es que los actores con mayor capacidad para alcanzar eficientemente los objetivos sociales prosperen, para que las esperanzas que las familias tienen depositadas en el sistema educacional no sigan siendo defraudadas.”